Expertos en medio ambiente alertaron sobre la importancia del permiso social para la realización de proyectos mineros en el país, como el caso de la grancera propuesta en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona. Según Luis Carvajal, director de la Comisión Ambiental de la UASD, el proyecto aún no cuenta con este aval comunitario, lo que convierte en irregular cualquier actividad extractiva en la zona. Carvajal subrayó que la comunidad ya ha manifestado su rechazo, lo que dificulta la aprobación futura de dicho permiso.
Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, criticó la falta de cumplimiento de las leyes por parte del Gobierno, destacando que en muchos casos se simulan consultas comunitarias sin garantizar la verdadera participación de los afectados. Peña enfatizó que la ley de medio ambiente requiere que las comunidades sean consultadas antes de iniciar cualquier proyecto minero, un requisito que, según él, no se ha cumplido.
Maritza Ruiz, experta en industria extractiva, lamentó que las autoridades no escuchen las voces de las comunidades ni cumplan con su rol de supervisión. Indicó que, en muchos casos, el Gobierno prioriza los ingresos que generan las empresas mineras sobre el bienestar de la población local y la protección de los recursos naturales.
Los tres expertos coincidieron en la necesidad de que las autoridades respeten las leyes vigentes, especialmente en cuanto a la consulta social, y aseguraron que sin el apoyo de la comunidad no se debe permitir la explotación minera en El Cachón ni en otras zonas del país.
